Josep Maria Bartomeu y su junta directiva presentaron su dimisión inmediata el pasado 28 de octubre antes de celebrarse en pocos días una moción de censura que, seguramente, hubiera acabado con su presidencia y destituidos por primera vez en la historia por la gran mayoría de los socios antes de terminar de forma natural su mandato. En su momento aludieron a la imposibilidad de celebrar la citada moción en unas mínimas condiciones de seguridad sanitaria debido a la pandemia. Extraoficialmente se puede entender que prefirieron irse ellos antes de que les echaran los socios en una semana visto el enorme éxito de convocatoria que consiguieron los promotores para censurar a Bartomeu y los suyos.

Una vez se fueron por mandato estatutario el club pasó a ser dirigido por una junta gestora dirigida por el presidente de la Comisión económica de la entidad, Carles Tusquets. Durante el breve mandato del mismo su misión debe ser gestionar el día a día del club y convocar y organizar las elecciones a la presidencia en un plazo entre 30 y 90 días naturales para que los socios elijan a la nueva junta directiva.

Tusquets y su gestora ejercen “las funciones de gobierno, administración y representación” como cualquier junta directiva, pero a su vez se encuentran limitadas a “los actos imprescindibles para el mantenimiento de las actividades normales del club y la protección de sus intereses”. Este último punto es el que puede utilizar Tusquets para legitimar decisiones absolutamente impropias de una gestora como es la de acudir al mercado de fichajes, dar de baja o vender jugadores, cerrar importantes acuerdos de patrocinio como el sellado con Rakuten o negociar una rebaja salarial masiva a toda la plantilla. Conviene recordar que, simplemente, es una junta gestora, y defender los intereses del club no significa jugar a ser presidente sin el beneplácito de los socios, los únicos y definitivos propietarios del club.

Cuando Bartomeu se fue, o le medio echaron los socios antes de una moción de censura histórica, ya dejó atados los aspectos más concernientes a sus intereses con Tusquets y su junta gestora. Ni han avanzado ni permitido avanzar las investigaciones por el Barçagate, han mantenido la misma política de rebaja salarial que habían tramado la junta dimisionaria y cerrado acuerdos económicos que debían, a buen seguro, planificado los censurados.

Éste va a ser el mandato más largo que haya mantenido nunca una junta gestora en el club:

Entre uno y dos meses más de tiempo de lo normal en este tipo de casos. ¿Por qué? ¿Defender los intereses del club era firmar una serie de acuerdos y despidos que corresponden a una directiva legitimada por sus socios, los propietarios? ¿Por qué no van a dejar que el próximo presidente y su equipo puedan disponer del tiempo necesario durante el mercado de fichajes de invierno para empezar a tomar las necesarias decisiones que deberán tomar en los siguientes meses? ¿Qué intereses ocultos tendrá la actual junta gestora para alargar tanto un mandato temporal circunscrito a unas circunstancias muy concretas que debe terminar inevitablemente en una convocatoria electoral?

Finalmente, aunque será demasiado tarde para el bien del Fútbol Club Barcelona, a finales de enero los socios elegirán el que debe ser el próximo presidente del Barça. Entonces, sea quien sea el elegido, deberá tomar las necesarias decisiones para que los desperfectos e irregularidades cometidas por sus antecesores, si las hubiera, no acaben tapados bajo una apestosa alfombra y salgan a la luz y sean juzgados si es menester por un juez. Y si cabe, paguen por ello. El club, les guste o no, no es suyo, es de los socios.